Sigue la protesta contra la reforma judicial; magistrada explica por qué
Angélica Díaz Pérez afirma que las manifestaciones contra la iniciativa presidencial pretenden resolver confusiones sobre el Poder Judicial de la Federación; por ejemplo, que su trabajo es diferente de las policías o el Ministerio Público
Alejandra Partida Vital
Guadalajara, 1 de octubre de 2024.- Mientras todos descansábamos en el día feriado que llega solo cada seis años con el cambio de presidencia, servidores públicos del Poder Judicial seguían protestando contra la reforma judicial aprobada este septiembre. Los manifestantes se agrupaban afuera del recinto del Poder Judicial de la Federación en la Ciudad Judicial de Guadalajara, sobre el Periférico Poniente, vistiendo camisetas amarillas con la leyenda “Resistencia Jalisco PJF” y sosteniendo la consigna: “¡No va a caer, el Poder Judicial no va a caer!”.
Entre los manifestantes se encuentra la magistrada Angélica Díaz Pérez, quien lleva más de 40 años especializándose en derecho judicial, derecho civil y ciencias penales, entre otros. Lleva casi 25 años como titular y la mayor parte de ese tiempo ha sido juez penal. Afirma que su lucha es una manifestación pacífica de resistencia contra una reforma judicial en la que no se sintieron escuchados, y que está destruyendo los pilares constitucionales de la creación del Estado mexicano.
¿Qué es el Poder Judicial?
Existe una gran desinformación en el público en general, y por eso somos confundidos con policías, fiscalías y con juzgados del orden común. Nosotros somos juzgados federales; no atendemos problemas directamente de las personas: juzgamos el actuar de autoridades. Es por eso que tenemos, dentro de nuestras funciones constitucionalmente otorgadas, el poder de observar una ley o determinar que una ley es contraria a los preceptos constitucionales.
Díaz Pérez subrayó la necesidad de distinguir la división de poderes. “El artículo 49 de la Constitución establece que nunca se depositarán en una sola mano dos poderes o más. En el caso de esta reforma y como está integrada, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo se están concentrando en un solo organismo que es el partido en el poder, y pretenden captar al Poder Judicial, único poder que era el contrapeso para las decisiones del Ejecutivo y del Legislativo”.
¿Exámenes o urnas?
Díaz Pérez explica que esta división de poderes es lo que hace que el Poder Judicial sea apartidista. Es enfática en que el PJF es un poder imparcial y que, para que continúe así, los jueces y magistrados no pueden ser elegidos por medio de voto popular, como propone la reforma judicial.
“Nadie nos enseñó a hacer política. Nosotros no somos simpáticos ni somos carismáticos. Nuestro trabajo se centra en recibir un expediente, estudiarlo y resolver [las constancias] con independencia”. Este trabajo, dice Angélica, es la base de la república y la democracia.
“El Poder Judicial de la Federación no tiene su legitimación en las urnas, sino que obtiene su legitimación de las resoluciones que dicta y del cumplimiento de una carrera judicial. Esto surgió precisamente con la reforma de 1994, en donde se aperturó la posibilidad de que fuésemos designados jueces y magistrados a través de exámenes de excelencia, en donde se supone que los más aptos seríamos designados como titulares del órgano jurisdiccional federal”.
Aceptar una designación sin tener la capacidad los conocimientos y la experiencia para desempeñar un trabajo, afirma la magistrada, también es una forma de corrupción.
“Todos los jueces y magistrados federales hemos pasado por muchos exámenes. Incluso, para ser oficiales judiciales, tienen que pasar exámenes muy severos en donde se les preguntan conocimientos básicos del derecho y se les pregunta respecto de los criterios que establece la Corte sobre la protección de los derechos humanos”.
Señala que este último punto es crucial, ya que los derechos humanos son el aspecto que ha dirigido la conducta de los órganos jurisdiccionales.
¿Qué pasa con el nepotismo?
“No es cierto que existe el nepotismo como tal, de acuerdo con el discurso político. Dentro del Poder Judicial de la Federación existen muchos controles para que los jueces y magistrados podamos designar al personal. Simplemente, para que se pueda designar a un familiar de un compañero titular, se tiene que hacer una consulta a un comité de integridad”.
La magistrada explica que, a la entrada de la ministra Norma Piña a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esa consulta, en funciones, se volvió vinculante. “Esto es, si nosotros no respetamos la opinión que nos da el comité de integridad, podemos incurrir en responsabilidad administrativa y ser sujetos de un procedimiento”.
¿Cómo sí hacer una reforma?
Antes de la reforma, enfatiza la magistrada, hizo falta un estudio que determinara cuáles son las falencias del Poder Judicial.
“Es cierto que, como en toda actividad en la que se encuentra involucrada conducta humana, somos perfectibles, y la perfección nunca va a poder estar en ninguna actividad, pero tiene que existir un diagnóstico para que nos puedan decir cuál es el área en donde estamos mal o cuál es nuestra área de oportunidad”. Agregó que es crucial que para ello también se establezca un diálogo con quienes trabajan en el PJF.
* La autora es estudiante de la licenciatura en Periodismo y Comunicación Pública del ITESO.
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