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IDEAS
Delegar sin asumir responsabilidades | por David Rojas

OPINIÓN

por David Rojas

Tulum fue el foco de las noticias a escala nacional a fines de marzo pasado luego de que se informó del asesinato de Victoria Salazar, una mujer inmigrante salvadoreña, a manos de la policía de ese municipio de Quintana Roo. Unos días después se registró un nuevo caso de abuso policial en dicho municipio, evidenciado con un video que mostró a dos policías golpeando a un detenido que ya estaba esposado. Y meses atrás, se difundió un video de una marcha feminista que fue disuelta a balazos por la policía de Cancún, en sucesos que incluyeron heridas de bala a tres reporteras y reporteros que cubrieron la movilización.

Todos estos eventos fueron seguidos por declaraciones de funcionarios de gobierno que prometían llegar al fondo del problema, que garantizaron que encontrarían a los culpables y que afirmaban que ninguna de las acciones de los elementos de la policía fue ordenada por los superiores. Así se expresó Carlos Joaquín, gobernador de Quintana Roo, quien declaró en Twitter que los hechos surgieron de un desacato de los elementos de seguridad a sus órdenes de evitar la violencia contra las y los manifestantes.

Los hechos violentos perpetrados por la policía de Cancún durante la marcha feminista de noviembre de 2020 por el feminicidio de Alexis Lorenzana Alvarado recuerdan mucho lo que ocurrió en junio del mismo año en Jalisco en las marchas que pedían justicia por Giovanni López, hombre asesinado por la policía de Ixtlahuacán de los Membrillos. En Guadalajara, elementos uniformados de la Fiscalía agredieron a manifestantes y otros, disfrazados de civiles, secuestraron a jóvenes que se dirigían a la concentración para después soltarlos en zonas alejadas al punto de encuentro original. Cuando ocurrieron estos hechos, la respuesta del gobernador Enrique Alfaro fue similar a la que dio el gobernador de Quintana Roo.

La fórmula es delegar culpas y no asumir responsabilidades. Despedir a un par de elementos involucrados y esperar el siguiente caso de abuso policial para repetir el proceso, pues en ninguno de los casos mencionados las consecuencias han ido más allá de eso”.

Si nos salimos de estos dos estados, las cosas tampoco son muy diferentes: a principios de abril elementos de la policía municipal de Huachinango, Puebla, sometieron con violencia a un adulto mayor y, en marzo, se registraron más casos de abuso durante las marchas feministas del 8M en la Ciudad de México.

Las respuestas de los gobernantes ante estos casos de justicia son, salvo algunas modificaciones, un copia y pega de lo que los jefes del Ejecutivo de Quintana Roo y Jalisco comunicaron tras la violencia policial, e incluso en algunos casos se añade que las protestas en contra de asesinatos como el de Victoria o el de Giovanni son orquestadas por opositores que buscan deslegitimar a los gobiernos en turno.

La fórmula es delegar culpas y no asumir responsabilidades. Despedir a un par de elementos involucrados y esperar el siguiente caso de abuso policial para repetir el proceso, pues en ninguno de los casos mencionados las consecuencias han ido más allá de eso. Casos como el de Giovanni y el de Alexis siguen impunes, y huelga decir que los casos de Victoria y el hombre golpeado por la policía de Tulum siguen siendo recientes, por lo que habrá que ser exigentes con la reacción de las autoridades para no quedar conformes con un simple despido y una declaración sacada del archivo.

Victoria Esperanza Salazar Arriaza, asesinada por policías de Tulum, Quintana Roo. Imagen: tomada de @cancilleriasv.
David Rojas Inocencio
Estudiante de la Licenciatura en Periodismo y Comunicación Pública del ITESO.

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