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El eterno rehén | por Diana Alonso Flores

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Por Diana Alonso Flores

El jueves 18 de marzo las personas que decidieron pasear por el centro de Tlaquepaque se enfrentaron a una imagen que tal vez esperaban ver alguna vez en una ciudad donde la violencia se vuelve más brutal cada día, pero para la que no estaban preparados. Quién está realmente preparado para encontrarse con un cadáver cubierto por plástico sobre una banca de su plaza municipal.

Carteles con amenazas clavados con cuchillos en un cuerpo identificaban a Carlos Enrique Sánchez Martínez, El Cholo. Podríamos suponer que uno de los destinatarios de estos mensajes era Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de la CDMX, quien fue mencionado como aliado del Cártel Nueva Plaza (CNP) en un video difundido en redes por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) horas antes de que se abandonara su cuerpo.

Dejando de lado la veracidad de las confesiones y las culpas expuestas con tortura en el video, existe un mensaje más grande y contundente en estos actos. Más allá de los mensajes que los grupos del crimen organizado dirigen a sus opositores, hay otro claro para la sociedad mexicana: existe otra entidad que ejecuta el poder con violencia, que asedia a la ciudadanía y que ha logrado deformar la vida; por la cual no se vota y con la que nuestras instituciones no han podido lidiar.

Pasaron los días sin que los representantes de los gobiernos municipal y estatal se pronunciaran sobre los hechos. El gobernador Enrique Alfaro estaba muy ocupado con los problemas de distribución de agua y María Elena Limón, presidenta municipal de Tlaquepaque, acababa de solicitar licencia al cargo para ocuparse de su campaña de reelección y dejó a Betsabé Almaguer Esparza como suplente.

Después del multihomicidio del 27 de febrero de este año, en el que 13 personas perdieron la vida, el gobernador expresó que el narcotráfico es responsabilidad exclusiva del Gobierno federal. Así que ni se nos ocurra mencionarles el tema, aunque los cadáveres aparezcan junto a la Presidencia Municipal”.

Pareciera que no podemos contar con nuestros representantes estatales o municipales para protegernos de la delincuencia organizada. Después del multihomicidio del 27 de febrero de este año, en el que 13 personas perdieron la vida, el gobernador expresó que el narcotráfico es responsabilidad exclusiva del Gobierno federal. Así que ni se nos ocurra mencionarles el tema, aunque los cadáveres aparezcan junto a la Presidencia Municipal.

“Hubo narcoestado”, dijo AMLO en agosto del año pasado refiriéndose al caso de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública detenido en Estados Unidos por nexos con el crimen organizado. Creo que, retomando los casos de Salvador Cienfuegos, quien fue exonerado por la Fiscalía a pesar de ser acusado de dar protección y recibir sobornos del crimen organizado; el del gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, también señalado con nexos con el narcotráfico, y sin descartar la posible relación entre Harfuch y el CNP, la declaración del presidente debería tener una corrección: hay narcoestado en diversas zonas del país.

La intromisión del crimen organizado en nuestras instituciones no es el único problema. Cada vez que la justicia logra tocar al narcotráfico la población es la primera en sufrir y en presenciar los escenarios de horror, como ocurrió con los narcobloqueos de 2015 en Jalisco o los atentados en Culiacán por la detención de Ovidio Guzmán en 2019.

Las elecciones se acercan y, con ellas, una recomposición territorial de poderes que dependerá de los tratos que se logren y aquellos que se mantengan. ¿Alguna vez existió otra opción? Al fin y al cabo, ¿cómo confrontar a los que mantienen a la sociedad entera como rehén?

Jardín Hidalgo, en el Centro de Tlaquepaque. Fotografía: Gobierno de San Pedro Tlaquepaque.
Diana Itzel Alonso Flores
Estudiante de la Licenciatura en Periodismo y Comunicación Pública del ITESO.

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