Ciudadanías

La agenda de Jalisco, ¿será feminista?

Por Claudia Ramírez Ramos, profesora del PAP Observatorio del poder legislativo, en el ITESO.

“El México de papel es fascinante”. Suelo repetir esa frase cada que comienzo a hablar sobre Derecho Parlamentario o el Poder Legislativo con mis alumnas y alumnos. Con esa afirmación quiero reconocer que la normatividad y legislación en México son en muchas ocasiones inteligentes, resilientes, progresistas y defensoras de la libre autonomía y expresión de las personas. Vaya, si viviéramos en el México que está escrito en las leyes, cada persona tendría, además de libertad, las herramientas necesarias para construir una vida digna.

Es lamentable, pero no sólo no vivimos en ese México; en el estado de Jalisco, además, el marco jurídico no es tan avanzado, y en muchas ocasiones impacta de manera diferenciada, si no es que abiertamente discriminatoria o incluso criminalizante, a mujeres e integrantes de otros grupos en situaciones de vulnerabilidad.

Pongamos como ejemplo el pendiente legislativo más obvio: El reconocimiento del derecho a la garantía de la libre interrupción legal del embarazo. Al menos en las últimas tres legislaturas locales (incluyendo la actual) se ha presentado una iniciativa que promueve la libre decisión sobre nuestros cuerpos; sin embargo, el Congreso ha encontrado el modo para negarse a atender esa demanda social: ha mandado el tema a la muy famosa congeladora (espacio imaginario donde se dejan morir iniciativas, apostándole al olvido).

Hasta que no haya libertad y oportunidades, las exigencias de una sociedad harta no darán descanso a las y los tomadores de decisiones; ha sucedido ya en varias entidades del país, donde lograron el reconocimiento de la histórica sentencia de la Suprema Corte de Justicia del 7 de septiembre de 2021, que determina la inconstitucionalidad de penalizar y criminalizar a las mujeres que acceden a un aborto, sea cual sea la situación. En Jalisco, sin embargo, han decidido hacer oídos sordos a dicha sentencia, que fue emitida para Coahuila y que ha sentado un precedente importante para que otros estados se unan a la ola verde.

Ese es el ejemplo más obvio de un pendiente de agenda legislativa en Jalisco, pero está lejos de ser el único. Seguimos esperando, entre otras cosas, que el Congreso del Estado asuma su papel y promueva una coordinación integral y transversal entre poderes (con el ejecutivo y el judicial) en relación con la erradicación de cualquier tipo de violencia por razones de género. Podría iniciar generando análisis que reconozcan los diferenciadores interseccionales en los tipos de violencia que viven las mujeres y los hombres.

En otro tema, que pudiera parecer no relacionado con la perspectiva de género, pero lo está, el Congreso podría promover una correcta implementación de la Ley Estatal de Personas Desaparecidas y la Ley de Declaración de Ausencia, a partir de reconocer que quienes son víctimas indirectas de la desaparición de un familiar son principalmente mujeres. ¿Quiénes son las principales buscadoras de familiares? Las mamás, hermanas, esposas; son ellas quienes terminan renunciando a sus trabajos o fuentes de ingreso para coordinar una búsqueda, o quienes se hacen cargo de la jefatura del hogar, tanto financiera como emocionalmente, tras la desaparición del familiar. Las implicaciones de esos hechos deben ser el punto de partida para el diseño de las políticas públicas que deriven de la expedición de ambas leyes, aprobadas el año pasado.

La agenda pública en su conjunto merece ser vista con los lentes violeta, lentes que ayudan a enfocar las ideas y soluciones, que reconocen las violencias del sistema y la sociedad ante el hecho de ser mujeres, con toda la diversidad que eso implica: desde una mujer joven urbana o en contexto rural, blanca o racializada, con diferentes tipos de educación, etc. Porque si bien las leyes y normas sociales deben tratarnos de igual manera a todas las personas, también tienen que reconocer que no estamos parados de la misma manera y, por ende, no tenemos el mismo punto de partida.

Es obligación de las instituciones públicas, en especial del Congreso del Estado de Jalisco, asumirse como parte del ciclo de políticas públicas y desarrollar de manera coordinada soluciones que nos permitan alcanzar de manera progresiva un piso más parejo, más nuestro y más justo.

Sebastián Méndez Dorantes
Es estudiante de la Licenciatura en Periodismo y Comunicación Pública.

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