Reportajes

Medicamentos ilegales: cuando el gobierno obliga a comprar medicinas

El desabasto de medicamentos en las instituciones de salud de México está provocando que muchas personas, especialmente las que tienen enfermedades crónicas, se vean obligadas a comprar medicina en mercados ilegales como el barrio de El Santuario; la razón fue el cambio de políticas para su compra y distribución en el sector salud federal

Brenda toma hasta tres pastillas diarias de carbonato de calcio, padece de insuficiencia renal. Para cubrir tres meses de dosis necesita 300 pastillas, pero solo le han dado 30, que apenas le duran diez días. La Clínica Familiar 182 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Zapopan, Jalisco es la encargada de proveerla. La frase que más escucha es: “Regresa en 15 días, ahorita no tenemos el medicamento”.

Esa escasez de medicamentos también la padece en el resto de pastillas que debe tomar: de sus 12 dosis diarias, existen dos medicamentos, el carbonato de calcio y la eritropoyetina, que ya ni siquiera los consigue en las farmacias a donde la mandan para hacer valer su derecho a la salud, pues el IMSS no puede hacerlo debido a la crisis de desabastecimiento que ha provocado el cambio en las políticas públicas para comprar y distribuir los medicamentos en el sector salud a escala nacional.

Brenda Sandoval tiene 22 años, estudia la carrera de Derecho en la Universidad de Guadalajara, y carecer de sus medicamentos podría ser su mayor problema. Pero no es así.

Lo que más trabajo le ha costado aceptar es que, ante la ausencia de medicamentos, no puede someterse a un trasplante de riñón, pues podría ser inútil dado que en el IMSS tampoco hay tacrolimus, medicamento que tendría que tomar para reducir el riesgo de un rechazo.

“No me quisiera arriesgar a que el riñón de un familiar, con mucho corazón, se gaste porque no me pueden dar el medicamento”.

Brenda no es la única derechohabiente del IMSS que tiene que sacrificar su calidad y esperanza de vida por la ausencia de medicamentos; en 2019 se presentaron 3,710 reportes por carencia de medicinas, según informó la organización civil Nosotrxs mediante su plataforma Cero Desabasto, que presiona a las instituciones para que garanticen el abasto de medicamento a las y los pacientes.

El primer lugar en cuanto quejas por desabasto es el IMSS, con 54% de estos reportes, seguido por el ISSSTE y el Insabi. Los principales afectados son las personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, cáncer y VIH. Jalisco es el tercer estado con más reportes de desabasto (57). Y lo han dejado claro numerosos afectados, como lo demuestran protestas como la del 4 de julio de 2020 en Guadalajara, cuando colectivos de padres con hijos con cáncer como la Asociación Nariz Roja marcharon a la Glorieta Minerva para demandar al gobernador Enrique Alfaro el abastecimiento de medicamentos.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador reformó en junio de 2019 la manera en que se compran y distribuyen los medicamentos a escala federal. Antes de este sexenio, las licitaciones y compras dependían de los estados; ahora todo se ha centralizado: la compra de medicinas depende exclusivamente de la Secretaría de Hacienda.

La cadena de suministros anterior a este cambio de política pública consistía en un proceso de licitaciones donde 95% de los medicamentos comprados eran genéricos. Para el IMSS esto se conocía como compras consolidadas. Este sistema fue reemplazado con el fin de evitar la corrupción que ya existía en el IMSS y las secretarías de Salud de los estados. El cambio, se aseguró, beneficiaría a los derechohabientes, pero historias como la de Brenda desmienten el entusiasmo gubernamental.

Andrés Castañeda, coordinador de la plataforma Cero Desabasto de la organización Nosotrxs, considera que el problema en esta nueva política es su mala organización, pues ha causado que muchos medicamentos no lleguen a tiempo a las clínicas, o en la cantidad que se requiere para garantizar las recetas.

“Pues que se esperen, la gente es muy desesperada”, comentó un  titular de una oficina de abastecimiento de medicamentos del IMSS en Jalisco. Para este funcionario, que solicitó anonimato, el desabasto no es un problema grave, pues tienen un control y manejo eficaz de las medicinas que les llegan y distribuyen.

Lo que sucede, insiste, es que a veces las personas tienen que esperar, pero “se desesperan muy fácilmente”, pues para él es aceptable con que aguarden 30 días. Sin embargo, esa espera provoca que Brenda tenga problemas en su calidad de vida, pues solo está tomando 10% de uno de los medicamentos que requiere para tratar su insuficiencia renal.

La falta de medicamentos y la ralentización en su llegada con el cambio en las políticas provocó un alza en las denuncias. De enero a abril de 2020 aumentaron hasta 72% las denuncias de usuarios del sector salud que reportaron que no reciben sus medicamentos en la plataforma Cero Desabasto.

El artículo 35 de la Ley General de Salud señala que para evitar el dolor a toda aquella persona que padezca una enfermedad o para prevenir que lo tenga en un futuro se tiene que garantizar “la disponibilidad de medicamentos y demás insumos necesarios para la prevención y control del dolor”. Esto se reafirma en sus artículos 77, 176,177 y 178, pero la realidad dista mucho de lo que marca la ley.

¿Qué tienen que hacer las y los pacientes para conseguir los medicamentos que controlen o cambien sus dolores? Existen diversas opciones: hacer un esfuerzo en la economía familiar para comprarlos en farmacias privadas o acudir a sitios como el barrio El Santuario, donde pueden conseguirlos a un menor precio, pero de manera ilegal.

En pleno corazón del Centro Histórico de Guadalajara, el barrio de El Santuario, nombrado así por ser la sede del templo de la Virgen de Guadalupe, concentra la venta de medicamentos de manera ilegal; allí el desabasto parece no existir.

Su fama es tal que —después de Tepito, en la Ciudad de México— está considerado el segundo lugar de importancia en el país para la venta ilegal de medicamentos, mercado que a escala nacional cuesta entre 13 mil millones y 30 mil millones de pesos, según la Cámara Industrial Farmacéutica.

Brenda no ha acudido a El Santuario, pero sí lo han hecho otros pacientes con enfermedades crónicas como hemofilia, cáncer, diabetes o VIH, pues es la única opción que tienen para comprar sus medicamentos, ya que ahí los consiguen mucho más baratos que en cualquier farmacia.

Si te da alguna gripe y en el seguro no te dan el medicamento, lo peor que te puede pasar es que pases unas noches con molestias; pero si necesitas 17 fármacos diarios para tratar a tu hija con lupus, o para tratar un cáncer uterino, la situación cambia.

María, madre de Dana, quien padece lupus, ha acudido a El Santuario como último recurso para conseguir cloroquina para su hija; puede hallarla a la mitad del precio que en farmacias privadas.

Según un informe del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), México gastó en 2020 hasta 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB) en salud. En el mismo estudio se especifica que los países que han alcanzado una mayor cobertura universal de la salud gastan hasta 6% del PIB.

Para 2018 se estimó un total de 68 millones 158,455 personas registradas a algún tipo de servicio de salud pública; aun así, 35% de la población (unos 45 millones de personas) carecen de acceso a la salud.

Muchas de esas personas encontraron en El Santuario los medicamentos que el gobierno no les da. Y es una opción porque, a pesar de que todo el mundo sabe que ahí se vende medicina de manera ilegal, la impunidad ha permitido su subsistencia, pues en los últimos tres años solo se han llevado a cabo tres operativos y la Fiscalía del Estado de Jalisco asegura no tener ninguna denuncia por la venta ilegal de medicamentos, ni ahí, ni en algún otro sitio del estado.

El sistema de compra y abastecimiento de medicamentos en el país está roto. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió, en aras de acabar con la corrupción en el sector salud, modificar las políticas que por décadas permitieron a los estados comprar y distribuir los medicamentos en sus territorios.

El resultado es el desabasto de medicamentos y el deterioro en la salud de miles de personas, principalmente quienes padecen enfermedades crónicas, para las cuales prescindir de sus medicinas no es opción; tampoco pueden adquirirlas en farmacias porque el gasto, a la larga, superaría sus ingresos.

Por ejemplo, un paciente con hemofilia tiene que gastar entre 60 y 400 mil pesos al año para cubrir sus tratamientos, pues en el mercado la desmopresina (que promueve la liberación de factor de von Willebrand en pacientes con trastornos en coagulación) cuesta 1,800 pesos.

Desde el 1 de enero del 2020 el salario mínimo en México es de 123.22 pesos diarios, que significaría un ingreso anual de 45 mil pesos. Pero Carlos Gaitán Herrera, presidente de Hermanos con Hemofilia, dice que ni una persona entre los 680 miembros de esta organización puede pagar el tratamiento por sí sola; por ello, quien padece esta enfermedad usualmente se afilia al Insabi o al IMSS.

Las personas con hemofilia están expuestas al riesgo de sufrir las hemorragias típicas de la enfermedad por la falta del medicamento para prevenirlas; sin embargo, desde octubre de 2019, en los hospitales 42 de Puerto Vallarta y los 46, 110 y 180 de Guadalajara no hay medicinas para controlar sus trastornos de coagulación.

Para exhibirlo han recurrido a las redes sociales y los medios de comunicación; ahí han señalado que no existen protocolos para denunciar el desabasto, así como tampoco hay formas de dar seguimiento a sus quejas dentro del sector salud. Han hecho manifestaciones, interpuesto demandas y presentado quejas por la violación a su derecho a la salud ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero no han obtenido respuestas.

Su preocupación es tal que un grupo de 14 personas con hemofilia, desde enero, interpuso amparos en materia administrativa por el incumplimiento en la entrega de los medicamentos señalados en sus recetas. Tan solo ese mes, en Jalisco, se reportó 40% de desabasto de medicamentos.

¿Cómo llegó el país a esto? El cambio en las políticas públicas para la compra y abastecimiento de medicamentos que funcionaron hasta 2018 centralizó las compras de todos los fármacos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), excluyendo así a la industria de la distribución. Eso ocasionó una desarticulación en la manera en que se compran, distribuyen, almacenan y entregan medicinas a quienes las requieren.

En la investigación “La atrofia en el abastecimiento de medicinas en México”, realizada por Esteban Rodríguez de Quinto Elemento Lab, se explica que, al romper la cadena donde participaban la Comisión Negociadora de Precios (CNP), la Compra Consolidada federal, la infraestructura de almacenamiento y distribución y los fabricantes, se perdió la negociación que cada año hacia el gobierno sobre los precios de los medicamentos a través de la CNP, instancia que negociaba con los laboratorios no sólo la fabricación exclusiva, sino también la distribución de las medicinas.

Esto se acabó porque la Comisión Negociadora de Precios y el área de Compra Consolidada del IMSS desaparecieron en noviembre de 2018; eso dejó todo el proceso de negociación a la SHCP, que además arrancó con esta encomienda con el anuncio de que investigaría a diversas farmacéuticas por posibles actos de corrupción.

Sin poder de negociación, sin compras consolidadas y con una cadena de distribución rota, el desabasto se hizo evidente, ya que el modelo donde los laboratorios fabricaban y distribuían dejó de existir, para dar paso a un proceso donde se compra el medicamento a unos y se les paga a otros para distribuirlos en el país.

La consecuencia más grave fue que 2020 comenzó sin que se hubiera comprado todo lo necesario para atender a la población, ya que no quedaron definidas las empresas a las que se compraría ni aquellas que se harían cargo de su distribución en las siete regiones en que quedó dividido el país. Jalisco pertenece a la Región Centro junto a Colima, Michoacán y el Estado de México.

Para el encargado de la Jefatura de Abastos de una clínica del IMSS en Guadalajara, todo se complicó aún más porque, para hacer operativas estas nuevas políticas, “no hubo organización, se despidieron personas que sabían del tema y metieron a pura gente que no sabía nada”; lo que ocurrió, sostiene, es que muchos medicamentos no llegaron, o llegaron a destiempo y no en la cantidad necesaria.

Una medida paliativa fue enviar a las personas a otra clínica u hospital, o entregarles un vale para alguna farmacia comercial, pero esto tampoco ha funcionado.

Una directiva de una clínica del IMSS en Jalisco, quien pidió no dar su nombre para evitar represalias, mencionó que esas medidas se hacen “aun sabiendo que se les manda a lugares donde se sabe que no habrá medicamentos o teniendo el conocimiento de que no hay los suficientes vales para satisfacer la demanda”.

Sin medicamentos y sin los vales necesarios, las personas han acudido a la compra ilegal en El Santuario, pues no pueden esperar.

En Jalisco, desde 2003, es responsabilidad del Estado ofrecer el tratamiento antirretroviral azidotimidina o AZT contra el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Este medicamento permite que la persona se mantenga saludable y se reduzca el riesgo de contagiarse de infecciones frecuentes como la tuberculosis. Sin embargo, desde 2019 escasea en las clínicas del IMSS.

En octubre de ese año, varios colectivos enfocados en apoyar a personas con VIH/sida se manifestaron por la distribución insuficiente de medicamento. Pero Víctor Dante, director del Comité Humanitario de Esfuerzo Compartido contra el Sida (Checcos), confirmó que muchas personas con VIH recurren a la compra de medicamento ilegal en El Santuario.

Ahí es posible conseguir antirretrovirales como Biktarvy y bictegravir; solían hallarlos a bajo precio, pero la propia clandestinidad y el desabasto en el sector salud han dado pie a que los vendedores informales inflen los precios. De cualquier forma, si en una farmacia regular cuestan alrededor de 13 mil pesos, en El Santuario se pueden conseguir a la mitad.

Pero no solo es el desabasto lo que infla el precio; como señala Víctor Dante, también interviene el estigma alrededor del VIH, que hace que las personas tengan miedo de buscar asistencia médica; por ello, muchas veces no acuden a las clínicas o desisten a medio tratamiento: “El problema con el VIH es que no hay consecuencias inmediatas, por lo que pueden estar un rato sin tratamiento”.

Lo que también ha afectado la falta de medicamentos para personas con VIH es el registro de casos positivos, pues, al no haber forma de garantizar sus tratamientos, se prefiere prolongar los diagnósticos confirmatorios y, en consecuencia, las citas, pues luego de éstas el IMSS les debe garantizar el acceso a las medicinas.

El IMSS es muy burocrático. Está comprobado que, mientras menos intermediarios haya para recibir tratamiento, más gente tendrá acceso a él y será más eficaz; si no, es muy fácil que la gente se rinda y deje de ir”.

Por eso las personas con VIH acuden a farmacias privadas o, en otros casos, a la compra de medicamento ilegal, ya sea en internet o en lugares como El Santuario: como pasa con los pacientes con hemofilia, no pueden esperar hasta que el medicamento llegue a su clínica. Así se les ha ido ya todo el año.

Brenda, paciente con insuficiencia renal, comenta que ha visto cómo en grupos de apoyo de Facebook para personas con esta enfermedad se venden medicamentos que les sobran para cubrir otros gastos. También se hacen cambios: pastillas por catéteres, solución para diálisis por cápsulas.

Dana tiene 13 años y a los 10 la diagnosticaron con lupus. Su madre, Esperanza, procura que siempre tenga los 17 medicamentos diarios que debe tomar. Esto a veces significa buscar en lugares como El Santuario, o pedir a sus amigas afiliadas al IMSS que le vendan la medicina que necesita.

“Se aseguraron de surtirnos de medicamentos por un mes; después volvió a ser lo mismo. No había medicamento para nuestros hijos”, mencionó la madre de Dana.

El sector más beneficiado por la situación que produjo el cambio de política pública es el ilegal, pues, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), México es el segundo mercado más grande de América Latina en la venta ilegal de medicamentos.

La Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica asegura que, de las medicinas ilegales que se venden en México, 37.5% son comercializadas por internet y 62.5% en establecimientos ilegales, donde las personas pueden comprarlas entre 60% y 80% más baratas que en una farmacia, aunque con alto riesgo de que sean clonadas o estén caducas.

Uno de los lugares emblemáticos en el país para este negocio es, justamente, El Santuario, donde el medicamento llega vía robos en el sector salud y en el comercial, la producción ilegal de fármacos y el contrabando.

La mala administración del IMSS, segunda institución con más presupuesto a escala federal con 825 mil millones de pesos, no solo da paso a que las personas no reciban el medicamento que requieren. También a lleva a robos internos y externos.

El robo hormiga es un problema difícil de controlar y mucho más complicado de comprobar, pero que afecta a sus más de 68 millones de derechohabientes; un millón 788,334 radican en el estado.

En Jalisco, las bodegas que resguardan los medicamentos del IMSS tienen hasta 40 millones de pesos en medicinas y solo son vigiladas por un guardia sin armas, según cuenta Mario Martínez, exadministrador de una farmacia del IMSS. Él explica que la seguridad es deficiente. En la Farmacia Central, donde él trabajaba, pasaban en promedio 200 mil pesos mensuales en medicamentos y no había protocolos de seguridad para conservar estos bienes.

El Seguro Social es tripartita: patrones, empleados y gobierno tienen que pagar cuotas para garantizar el servicio, pero no todo se destina a la atención de los derechohabientes y la compra de medicamentos. Diputados y senadores son quienes deciden el presupuesto. Y el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) ha documentado cómo ha decrecido el gasto en salud pese al crecimiento de la población.

Otro estudio realizado en 2020 por el CIEP muestra que solo 13% del presupuesto del sector salud se destinó a la compra de medicamentos (79 millones 417 mil pesos), cuando en años anteriores, como en 2013, se había destinado hasta 23.5% del presupuesto.

Si el dinero en lo general no alcanza para atender a todas las personas, como pudo observarse en el marco de la pandemia de covid 19, tampoco ha alcanzado para comprar todos los medicamentos que se requieren.

De acuerdo con el propio CIEP, la disminución presupuestal en la compra de medicamentos ha implicado que, desde 2014, más personas deban gastar para adquirir sus medicinas, por la vía legal o ilegal. Por ejemplo: si en 2013 41.1% de la población gastaba en medicamentos en el mercado privado, en 2016 era 47.4%: un millón y medio más de mexicanos.

A esto hay que sumarle los reportes y denuncias por robo de medicamentos que ha hecho el IMSS; el más reciente ocurrió el 7 de octubre de 2020 cuando se reconoció el robo de 37,956 piezas de medicamentos oncológicos de los almacenes de la empresa Novag Infancia SA de CV.

En Jalisco, de acuerdo con la solicitud de información OPDSSJ/DJ/T/1498/2020, la Secretaría de Salud sólo ha interpuesto tres denuncias penales de 2006 a 2020 por el robo de medicamentos, las cuales están registradas bajo las averiguaciones previas 49909/2018, 167/2019 y 26 6 09/2019.

La sustracción de medicinas de forma externa e interna, de acuerdo con la organización civil Nosotrxs, forma parte de la cadena de corrupción que afecta al desabasto de medicamentos en el país; así lo señala en su segundo informe sobre casos de desabasto en México, donde pone énfasis en el robo hormiga por parte del personal del sector salud, principalmente en el IMSS.

Aunque esto no es lo único que alimenta un mercado ilegal como el que existe en el barrio de El Santuario, sí es algo que ocurre en Jalisco. La directora general de una clínica del IMSS en Guadalajara, quien solicitó anonimato, narra que en su primera vez en el puesto se dio cuenta de la gran cadena de robo hormiga que existía en su clínica.

Era yo contra todos. Todos estaban bajo el mismo acuerdo, y así no se puede. Era muy fácil, pues de área en área entregaban diez cajas en vez de quince, o que los números no cuadraban, pero nadie daba una explicación de por qué”.

Explicó que esto sucede debido a que cada clínica del IMSS se maneja de forma distinta, aunque se supone que hay un manual de regulación oficial que todos los trabajadores del Seguro deben seguir, pero en realidad no hay control por parte de la institución para verificar que los procesos se sigan de manera adecuada. Las medicinas se guardan por pieza, no por lote; eso dificulta su seguimiento si hay alguna irregularidad.

Al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo en la clínica, la directora entrevistada siguió el protocolo y denunció el robo hormiga; como consecuencia, fue sancionada. El hecho de perder su trabajo la hizo tener mucho miedo de que la situación se repitiera, ya que, si al denunciar te despiden, pareciera que la mejor opción es quedarse callado.

María Esperanza, madre de Dana, quien padece lupus, llegó a comprar cloroquina a una farmacia de El Santuario después de que un vecino se lo recomendó. Aunque le daba mala espina, decidió ir porque llevaba meses sin conseguirla. Una vez que la encontró, se dio cuenta de que las pastillas eran del mismo color característico de las pastillas de cloroquina que le vendía una amiga que las conseguía del IMSS: un verde oscuro.

Solo las del IMSS son verdes, se nos hizo muy raro. También la caja era igual”

Andrés Castañeda, investigador de la plataforma Cero Desabasto, menciona que es muy claro que en cada parte del proceso de la venta y compra del medicamento puede haber fugas que propicien robos.

No hay un sistema de control, no hay un teléfono, de entrada no sabemos quién es el maldito responsable, no hay reglas de operación dentro del Insabi, el ISSSTE y en el IMSS es un desastre”.

Los vales que dan las farmacias cuando no tienen el medicamento no siempre funcionan. Andrés Castañeda afirma que es un proceso impreciso y tedioso. Muchos de los reportes que se hacen en la plataforma de desabasto de Nosotrxs vienen de personas con enfermedades crónicas que no pueden cobrar los vales. No denuncian hasta la segunda o tercera vez: “Es un batallar, ya tienen la vida más complicada y con esto se vuelve más complicado”.

Andrés cuenta que llegan muchas denuncias de percepción de corrupción, aunque de cosas que no se podrían probar, testimonios de gente que decía haber visto robos. La falta de protocolos crea impotencia entre los derechohabientes. “¿Cómo probamos eso? ¿Cómo procedemos legalmente?”, se cuestionan en Cero Desabasto.

Sin un proceso determinado, con casos que normalmente requieren pruebas claras y poca atención por parte de la institución, si hay robo hormiga no se sabe o no se persigue. La sensación es que, si trabajas en el Seguro Social y estás dispuesto a hacer la denuncia, te puede costar tu trabajo. Así se mantiene la impunidad.

Además del robo hormiga, también los almacenes delegacionales y las farmacias del IMSS son susceptibles a robos externos; para empezar, por la falta de seguridad. Mario Martínez cuenta que en una ocasión, mientras trabajaban en el almacén, unos hombres encapuchados entraron con pistolas a robar. “Lo más curioso es que se movían como si ya supieran exactamente dónde estaba todo. Como si alguien desde adentro los hubiera ayudado”.

Si una farmacia del IMSS o un almacén sufre de un robo, no hay pérdidas, ya que la institución está asegurada. Se reciben las piezas robadas. El problema es que en muchos casos los robos quedan impunes, no se recupera la medicina original y no se sabe dónde va a parar. El testimonio de la madre de Dana da a entender que algunas de las medicinas que se pueden comprar en El Santuario provienen del sector salud. Pero en ese barrio céntrico también es posible comprar “muestras médicas”.

El 13 de julio de 2013, la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), la ex Procuraduría General de la República y el Sistema de Administración Tributaria realizaron un operativo en la zona de El Santuario; solo ese día decomisaron más de 200 mil medicamentos de procedencia ilícita.

Del año 2004 a septiembre de 2020, la Fiscalía General de la República ha abierto 1,651 averiguaciones previas por el robo de medicamentos dentro del sector salud (IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud); sin embargo, a través de la solicitud de información FGR/UTAG/DG/004390/2020 se aclaró que por la comisión de estos delitos no existen detenidos o sentenciados.

Del paradero o ubicación de los medicamentos que se extrajeron del sector salud no se sabe absolutamente nada.

Jalisco aparece como el estado donde más robos de medicamentos han ocurrido en el sector salud, con 267 averiguaciones previas; le siguen la Ciudad de México (203) y Nuevo León (201); entre los tres concentran 41% de todas las investigaciones.

Averiguaciones previas por denuncias de robo en el IMSS, el ISSSTE y la SSA

Total de averiguaciones previas de todas las instituciones y todos los estados 2006-2020

Total de averiguaciones previas por denuncias de robo en total en Jalisco

Además, en el periodo 2017-2020 la FGR solo abrió una investigación por la comisión de este delito. Esto coincide con los informes que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elaborado y que señalan que México es el sexto lugar mundial en la venta de medicamentos ilegales. Seis de cada 10 medicinas que se venden en el país son robadas, falsificadas, están caducas o se producen sin los requerimientos mínimos de calidad.

Este negocio ilícito, calcula la Unión de Empresarios de Farmacias, representa alrededor de 9% de los 185 mil millones de pesos del valor del mercado de medicinas en el país; por tanto, las ganancias que obtienen quienes compran y venden medicamento de manera ilegal son de 16,500 millones de pesos anuales.

Los estados que más comercializan de esta manera los fármacos son Jalisco, Michoacán, Puebla, Nuevo León y la Ciudad de México.

Qué dice la ley

En su artículo 464 ter, la Ley General de Salud establece las siguientes penas por delitos relacionados con medicamentos:

I.- A quien adultere, falsifique, contamine, altere o permita la adulteración, falsificación, contaminación o alteración de medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos, de sus envases finales para uso o consumo humanos o los fabrique sin los registros, licencias o autorizaciones que señala esta Ley, se le aplicará una pena de tres a quince años de prisión y multa de cincuenta mil a cien mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate;

II.- A quien falsifique o adultere o permita la adulteración o falsificación de material para envase o empaque de medicamentos, etiquetado, sus leyendas, la información que contenga o sus números o claves de identificación, se le aplicará una pena de uno a nueve años de prisión y multa de veinte mil a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate;

III.- A quien venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos falsificados, alterados, contaminados o adulterados, ya sea en establecimientos o en cualquier otro lugar, o bien venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte materiales para envase o empaque de medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos, sus leyendas, información que contenga números o claves de identificación, que se encuentran falsificados, alterados o adulterados, le será impuesta una pena de uno a nueve años de prisión y multa de veinte mil a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate, y

IV. A quien venda, ofrezca en venta o comercie muestras médicas, le será impuesta una pena de uno a nueve años de prisión y multa equivalente de veinte mil a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.

Actualmente en el Senado se debate una iniciativa que busca dar más énfasis en la comisión del delito para que el castigo aplique también a quien falsifique, contamine, altere o permita la adulteración, falsificación, contaminación de medicamentos y fármacos, los cuales podrían recibir hasta 30 años de prisión y 11 millones de pesos de multa. Se añadiría un artículo al Código Penal Federal, el artículo 368.

También se buscaría castigar a quienes envasen o empaquen y distribuyan medicamentos adulterados o falsificados; a los primeros, se les castigaría con seis y hasta 25 años de cárcel (hoy la ley sólo establece nueve años); mientras que las penas para quien, directa o indirectamente, venda u ofrezca en venta —por cualquier medio, ya sea presencial o digital— medicamentos o fármacos ilícitos, caducos, falsificados u alterados, podría pasar hasta 25 años de prisión.

Jalisco y la Ciudad de México son los dos estados con más operativos de decomiso de medicamento en el país realizados por la Cofepris.

En el caso local, la autoridad sanitaria realizó, entre 2011 y 2017, 156 operativos en la zona de El Santuario.

Una de las acciones más efectivas ocurrió en 2016, cuando las autoridades encabezadas por la Coprisjal clausuraron nueve farmacias por incumplir la ley, además de que —junto con el Ayuntamiento de Guadalajara— estuvieron supervisando todo el año la procedencia de los medicamentos.

En ese año, de las 245 toneladas de medicamentos que se decomisaron en el país, 82% (200 toneladas) fueron localizadas en El Santuario; desde entonces, la Comisaría de Seguridad Pública de Guadalajara anunció que tendría en la zona un operativo permanente.

Desde 2017, las visitas y operativos de la Cofepris han disminuido drásticamente. Uno de los operativos realizados ese año fue histórico porque se decomisaron más de 200 mil medicamentos y se hicieron 154 revisiones a farmacias, de las cuales solo se clausuraron seis, una de ellas por obstruir la vía pública y vender medicinas en la calle.

El resto fueron clausuradas por vender muestras médicas (55%) o medicamentos caducos (32%), por carecer de documentación para probar la legalidad del medicamento (12%) y por poseer medicamentos propiedad del sector salud (1 por ciento).

Pese a estos operativos y decomisos, la actividad ilegal en El Santuario permanece impune; incluso, se ha incrementado tanto por el desabasto de medicamentos en el sector salud, como por los distintos remedios que ahí se ofrecen para protegerse o aliviarse de covid 19, enfermedad que provoca el coronavirus.

El operativo permanente que designó la Comisaría de Guadalajara para combatir el mercado ilegal de medicamentos se reduce hoy en día a unos pocos policías a los que se ve dar vueltas por la zona o platicando con los dueños de las farmacias, pero que parecen ignorar a los vendedores que se acercan a los coches o transeúntes para ofrecerles medicinas o a los ciclistas que cargan bolsas con fármacos a la espalda.

Durante 2020 solo ha habido dos operativos por parte de la Cofepris.

En uno de ellos fueron clausuradas 11 farmacias, la mayoría por no contar con las medidas sanitarias dictadas para inhibir los contagios. Cinco de las 11 farmacias que fueron clausuradas el 24 de agosto de 2020 seguían operando ya en noviembre con plena normalidad, según pudo verificarse en la zona.

El problema con el robo, la compra y la venta ilegal de medicamentos en El Santuario es que, pese a los operativos y decomisos, todo parece seguir como si nada. Aún es posible hallar fármacos exclusivos del sector salud, lo que parece ratificar las fallas de seguridad en las farmacias y bodegas del Seguro Social.

La coordinadora de una de las clínicas del IMSS en Guadalajara menciona que en realidad no hay mucha vigilancia y que, si hay robos internos, pasan inadvertidos, pues nadie los denuncia y no existe un registro fiel de los medicamentos que entran y salen de las farmacias.

Es un proceso tedioso checar cada noche, contar pieza por pieza, verificar qué entró y qué salió. Se supone que lo deberían hacer diario, pero muchos lo hacen una vez a la semana o cuando se acuerdan”.

Los robos externos cometidos a las bodegas del IMSS tampoco merecen suficiente seguimiento, ni para localizar a los responsables ni para dar con el medicamento robado.

Mario Martínez sufrió un robo cuando fue jefe de farmacias del IMSS; él recuerda que no se hizo mucho por encontrar los responsables, pues, como el medicamento estaba asegurado, no hubo mayor preocupación por saber a dónde fue a parar.

En una solicitud de información que se hizo a la Fiscalía General de Jalisco se informó que, entre 2013 y 2019, hubo 395 denuncias de robo a negocios en Jalisco en los cuales el objeto sustraído fueron medicamentos.

Al preguntarle a la Fiscalía cuántas personas fueron aprehendidas por estos robos, su respuesta fue: cero.

La impunidad y falta de eficiencia por parte de las autoridades no es algo nuevo en el barrio de El Santuario, cuenta Víctor Medina, dueño de la farmacia comunitaria Vidrio.

Él presentó ante la entonces Procuraduría General de Justicia (ahora Fiscalía del Estado de Jalisco) siete denuncias por la venta ilegal de medicamentos en El Santuario entre los años 1982 y 1995. Ninguna tuvo resultados. No arrestaron a nadie ni clausuraron ninguna farmacia.

Víctor presentó aquellas denuncias porque, más allá de las pérdidas que representa la competencia desleal, lo que le preocupaba era la calidad de los medicamentos y el peligro para los pacientes: ingerir fármacos de mala calidad puede agravar el padecimiento, desencadenar nuevas complicaciones o aumentar la resistencia bacteriana en el caso de antibióticos.

Para Andrés Castañeda los daños se agravan cuando la gente se ve obligada a acudir al mercado negro; por eso, junto con la organización Nosotrxs crearon la plataforma Cero Desabasto para denunciar qué medicamentos les niega el sector salud: “Nosotros juntamos los datos para poder pasarlos a las autoridades con la esperanza de que hagan algo”.

Mientras las autoridades reaccionan, basta con acercarse a las calles Hospital o Pedro Loza, en el Centro de Guadalajara: a pie o en coche se acercan jóvenes vendedores para preguntar qué medicamento buscan los compradores y, tras unas cuantas llamadas o un corto viaje en bicicleta, consiguen todo tipo de medicina, a un precio mucho menor.

A las farmacias privadas la venta ilegal de medicamentos les implica una pérdida anual de 16,500 millones de pesos. Sus principales quejas y denuncias a la autoridad son que se hace muy poco para frenar este creciente mercado ilegal.

Ana María Martínez Hernandez, presidenta de la Asociación Farmacéutica Mexicana de Occidente, considera que la venta ilegal de medicamentos también tiene su explicación en el rol que juegan las farmacéuticas en el desabasto, pues existen complejos que acaparan hasta 70% de la venta total en el sector público, lo cual infla los precios en el mercado.

Para ella, “hay poca solidaridad para buscar precios accesibles para las personas”.

Con el cambio en las políticas públicas en la compra y distribución de medicamentos, el Gobierno federal buscaba cerrar la puerta a procesos ilícitos y frenar así que las farmacéuticas hicieran negocio a costa de las personas.

El desabasto da pie a que las farmacias adjudiquen grandes cantidades de medicamento para venderlo a precios elevados.

Para Ana María Martínez, una de las razones del desabasto es que las farmacéuticas se rehusaron a vender al sector público después del cambio en las políticas públicas, pues ella considera que “querían mantener los precios inflados, garantizar la ganancia máxima”.

El negocio de medicina ilegal también implica daños para las farmacias privadas.

La presidenta de la Asociación Farmacéutica Mexicana de Occidente afirma que una gran cantidad de lo que se vende en El Santuario proviene de robos internos o externos a las farmacéuticas, lo cual implica un riesgo para la salud porque no se sabe en qué condiciones se han almacenado. Aunque también menciona que otros más son falsificados, lo cual los hace más peligrosos.

Ella cree que para erradicar la venta ilegal es necesario bajar los precios inflados en las farmacias privadas. A la par, las instituciones de salud deben tener mejores procesos para abastecer a la población, y también tendrían que apoyar la conciencia sobre el riesgo de comprar en zonas como El Santuario.

Para Aarón Eufracio Téllez, exadministrador de varias farmacéuticas en Guadalajara, el desabasto es un conflicto de interés en el que se mueve una inmensurable cantidad de dinero.

Este “desabasto” es en realidad, para Téllez, la máscara para esconder la mala organización y administración y la escasez de manufactura, pues las sales siempre están disponibles en existencia, al igual que las materias primas para producir medicinas.

De hecho, afirma Téllez, el desabasto de medicamentos no existe; lo que existe es una mala administración que da paso a una mala proyección en la venta, además de falta de voluntad para producirlos debido a los intereses de los que trabajan para la industria, que están dirigidos a aumentar las ganancias.

Para Téllez, en El Santuario lo que más se vende es medicamento falsificado y robado de sector salud, lo cual sucede por la falta de regulación por parte de la Cofepris, que hace muy sencillo que una persona pueda tener un laboratorio clandestino en su casa.

Con cinco kilos de sal, antibiótico, un poco de harina o almidón, se pueden producir hasta 40 mil pastillas de ranitidina para vender en tu farmacia clandestina”.

Incluso señala que para identificar un medicamento legal de uno falsificado basta con colocar acetona en un algodón y pasarlo sobre el empaque (o blister): si el nombre se despinta, es falso.

Para personas con enfermedades crónicas, como Brenda o la hija de María Esperanza, los precios en las farmacias privadas son muy elevados, y ellas no tienen el dinero para pagar más de diez medicamentos al mes.

Que Dana tome 17 medicamentos diarios implica una carga económica que no se puede ignorar; además de eso, ocasionalmente su hija necesita quimioterapias para tratar el lupus.

Dana necesita ciclofosfamida, que su mamá conseguía en Laboratorios Pisa; de un día para otro, sin importar la sucursal, le decían sin más explicación que no la tenían. Hubo momentos en que tuvo que pedirla de Puerto Vallarta o Monterrey con un precio extra; ni en el famoso Santuario encontró la ciclofosfamida.

Sin embargo, otra de las medicinas de Dana, el ácido micofenólico, sí lo encontró, casi en una cuarta parte del precio de Farmacia Guadalajara, donde vale cinco mil pesos: en El Santuario lo adquirió por 1,300.

El precio mejoró aún más cuando un amigo que trabajaba en Laboratorios Pisa se lo consiguió a 300 pesos porque venía directo del almacén. De ahí que María Esperanza opte por adquirir el medicamento que requiere su hija a quien más barato se lo venda.

Víctor Medina, administrador general de Farmacias Vidrio, quien tiene 52 años de experiencia en la empresa farmacéutica, explica que mucha gente acude al Santuario por sus precios más accesibles y porque es fácil comprar sin receta: “¿Por qué la medicina no se toma como un bien social sino como mercancía?”, se pregunta.

La automedicación, explica Víctor, también influye en la venta ilegal, pues 52 de cada 100 mexicanos se automedican; sugiere que no es culpa de las personas, pues esta práctica está estrechamente ligada con la incapacidad económica de la gente para acudir a citas con el doctor y recibir una receta. “Las consecuencias pueden ser severas”.

Dentro del perímetro que forman las avenidas Federalismo y Fray Antonio Alcalde y las calles Juan Álvarez y Hospital, hombres en bicicleta o a pie se te acercan para preguntarte qué medicamento necesitas.

Ni siquiera tienes que bajarte de tu coche para que te atiendan. Desde paracetamol hasta medicamentos para el cáncer, en el barrio de El Santuario puedes encontrar un sinfín de opciones que se vuelven competencia para las farmacias privadas.

El barrio El Santuario es de los más antiguos de Guadalajara: se fundó en 1781 junto con la iglesia donde se le rinde tributo a la Virgen de Guadalupe. La venta ilegal en el barrio opera desde el siglo pasado, aunque, al tratarse de un mercado negro, no hay documentos que especifiquen cuándo empezó.

Víctor Medina, farmacéutico comunitario con más de 52 años de experiencia, recuerda que empezó como una buena acción por parte de los directivos de los hospitales: vendían pruebas médicas a precios baratos en este barrio para que las personas sin seguro social pudieran acceder a la salud.

La farmacia Vidrio que maneja Víctor está ubicada en Avenida Enrique Díaz de León, a 10 minutos en coche de El Santuario; por lo tanto, él ha presenciado cómo el mercado ilegal se fue expandiendo con el paso de los años. Recuerda haber visto en los años noventa a hombres armados en las azoteas sin ningún uniforme de policía.

En más de una ocasión, Víctor denunció la venta ilegal de medicamento; sin embargo, ninguna querella prosperó, así que con el paso de los años desistió. Él piensa que la cantidad de medicamento que se vende en El Santuario solo puede ser abastecida mediante la colusión de laboratorios privados y farmacias clandestinas.

Aquí casi nunca hay desabasto o escasez. En cada esquina hay una farmacia distinta, con gente afuera que quiere que te acerques a su negocio. Si no reconocen el medicamento que les pides, en una llamada lo buscan con sus demás colegas o te dan su carta de presentación para que los contactes por Whatsapp, pues es seguro que lo consiguen.

El Santuario al mediodía no da la impresión de ser el segundo punto en México con más venta ilegal de medicamento.

Los vendedores descansan recargados en las paredes coloridas de las casas y farmacias. Platican entre ellos con el celular siempre en mano. Se enderezan cuando se acercan peatones y coches para ofrecer medicamentos a media voz: “Medicamento, medicamento: ¿qué te ofrezco, amiga?”.

Además de las farmacias, El Santuario tiene desayunadores, puestos de jugo, vendedores ambulantes, como cualquier barrio en el centro de Guadalajara. Los policías municipales se encuentran desperdigados en las esquinas, platicando con la gente, con los vendedores, desayunando sus tacos en la tranquilidad de la mañana.

Varios ciclistas recorren el barrio de principio a fin. Se detienen para recoger cajas de medicamento o entregar billetes de 500 pesos a los vendedores que atienden la farmacia. Algunos cargan con bolsas negras, como si fuese el saco de regalos de Santa Claus en Navidad.

Cuando su exesposo le quitó el Seguro Social, Nelly no tenía los recursos para comprar los medicamentos que necesita su hija, que vive con leve retraso mental y epilepsia. Su mejor opción fue El Santuario.

Ahí va una vez al mes, aunque no con el mismo vendedor, pues busca en distintas farmacias para encontrar el mejor precio. Pasó de gastar 1,800 pesos en Farmacias Guadalajara a 400 en El Santuario.

Beatriz no se baja de su carro cuando va a comprar. Le ha tocado que sus proveedores le piden que se dé unas vueltas y regrese, ya que ven a la policía cerca, así que se deben dispersar.

Ahí consigue los medicamentos para sus abuelos, que se han medicado con productos de estas farmacias durante toda su vida. Ha notado que muchos vendedores están conectados, pues si no tienen el medicamento llaman a otro de la zona para que se lo den. Prefiere no preguntar de dónde lo sacan.

Para Aranza, El Santuario es un lugar donde comenzó con un local de ropa. Así conoció las farmacias con vendedores ambulantes que son característicos del barrio. Ahora ahí compra los anticonceptivos para sus hijas porque son más baratas que en las farmacias privadas.

Estoy consciente de que es transa de varias personas pero es una cadena… pero a mí me consta que son personas muy trabajadoras y necesitadas”.

Hay varias rutas que pueden explicar el abasto de medicamentos en El Santuario; esto incluye el robo hormiga en las clínicas del IMSS, los robos externos a las mismas que mencionó Mario Martínez (a los almacenes delegacionales o a los camiones de carga), los robos a farmacéuticas y la falsificación de medicamentos, como denunció Ana María Martínez; la venta de medicamentos sobrantes a cargo de los mismos derechohabientes, para ganarse un dinero extra como explicó una delegada del IMSS, así como la coalición entre laboratorios privados y las farmacias de El Santuario, como explicó Víctor Medina.

"Caminos" que llevan a El Santuario

  • Robo “hormiga” en instituciones públicas de salud (IMSS, ISSSTE), instituciones del estado (pensiones) y almacenes delegacionales. Se refiere al robo por pieza que se da dentro de estas instituciones gracias a fallas respecto al registro de los medicamentos: el control deficiente de fechas de entrada y salida, que se ignore el lote del medicamento y la falta de seguridad facilitan la fuga de fármacos.
  • Venta de muestras médicas por parte de los propios médicos y los trabajadores de los laboratorios. Los profesionales de salud reciben muestras médicas para formar en ellos un hábito prescriptivo, pero en lugar de entregarlas gratis a los pacientes prefieren venderlas a los comerciantes de El Santuario, quienes las revenden. El registro deficiente de las muestras favorece la práctica.
  • Venta de medicamentos que fueron robados de camiones. Asaltos y robos a camiones que transportan cantidades significativas de esta mercancía.
  • Venta de medicamentos defectuosos o de sobreproducción. Estos lotes deberían ser destruidos por completo; en lugar de eso, el comercio ilegal los aprovecha.
  • Venta de medicamentos pirata. Los fármacos son producidos sin cumplir con las buenas prácticas y requisitos de calidad. Laboratorios caseros se dan de alta como distribuidores y productores, pero sustituyen los componentes por harina o almidón, o usan sustancias de dudosa calidad.

El comercio ilegal en El Santuario ocurre gracias a una mezcla de situaciones impunes que involucran a los sectores público y privado de salud.

La Coprisjal, encargada local de decomisar medicamentos que no son aptos para consumo o no son vendidos de forma legal, ha realizado 39 operativos en Jalisco, de acuerdo con la solicitud de información COS/1/UE/0462/2014.

En uno de ellos, realizado en El Santuario en 2012, se localizaron unidades caducadas de Amlodipino, Glimepirida, Gigemet, Saravanta, Minraam, Raypid, Tiniazol, Libarnic, Cefatoxina, Bencetazil, Nodolip, Clorixan y Prehepar, algunas de ellas utilizadas para combatir enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión.

En 2014, la Fiscalía General del Estado de Jalisco, la Secretaría de Seguridad Pública, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la Cofepris decomisaron 3.5 toneladas de medicamentos.

Dos años después, en 2016, la Cofepris recibió 34 denuncias por robo de medicamentos; al año siguiente la cifra se incrementó a 95.

En otra solicitud de información realizada a la Dirección de Inspección y Vigilancia y la Comisaría de la Policía del Municipio de Guadalajara, la autoridad municipal confirmó que en 2016 se clausuraron siete farmacias por venta de medicamento caducado; hoy la mayoría opera con normalidad. Así ocurrió con otras seis farmacias clausuradas en agosto de 2020. Lo común es que estos negocios duren clausurados por un tiempo, pero, al no existir ningún tipo de monitoreo, reabren poco después.

A pesar de que Jalisco es el segundo estado con más operativos por decomiso de medicamentos a escala federal (después de la Ciudad de México), no se han visto mejoras o control de la venta de medicamentos en El Santuario.

Según la solicitud de información FE/UT/1790/2019 hecha a Fiscalía, se descubrió que hay denuncias de negocios donde la mercancía robada fueron medicamentos: 395 entre 2013 y 2019. Los municipios con la mayor cantidad de robos fueron Guadalajara y Zapopan, que sumaron 290, o 73% de los casos.

Mientras, Brenda sigue recorriendo la ciudad en busca de su medicina. Tolera tratamientos incómodos en vez de aceptar un implante de riñón, por miedo a que el sistema de salud no pueda darle la ayuda necesaria para las secuelas de la operación. Y sigue estudiando derecho, haciendo su vida con lo que tiene.

Al igual que Brenda, muchas personas se ven forzadas a pelear pastilla por pastilla en el Seguro Social. La ineficacia y el desabasto en las instituciones de salud las orilla a buscar sus medicinas en farmacias privadas.

Pero muchas no pueden pagar, o no encuentran lo que buscan. Y mientras las autoridades no den prioridad a personas como las hijas de María Esperanza o de Nelly, ni aseguren que los pacientes de VIH o hemofilia recibirán su tratamiento, sitios como El Santuario estarán allí, con un comercio ilícito que cubra esa necesidad.

 

Trabajo elaborado en el Laboratorio de Información de la Licenciatura en Periodismo y Comunicación Pública del ITESO con la asesoría del profesor Darwin Franco.

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ILUSTRACIONES
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EDICIÓN DE TEXTO
Darwin Franco

VERSIÓN SONORA
Se utilizó y modificó música de Martin Rach, bajo los criterios señalados de licencia Creative Commons.

 

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