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Las mujeres y niñas indígenas no se venden | por Karla Daniela Luna

OPINIÓN

Por: Karla Daniela Luna Mejía

“Somos mujeres, no mercancía”, son palabras de las víctimas de abuso, violación y violencia en La Montaña, región perteneciente al estado de Guerrero y conformada por 19 municipios, una de las zonas más marginadas y con dificultades de pobreza extrema en el país.

Aquí, la venta e intercambio de mujeres y niñas desde los seis hasta 25 años es una práctica que se ha permitido durante varios años, como si se tratase de cualquier objeto. Esta negociación se da principalmente cuando un hombre mayor de edad busca contraer matrimonio con alguna mujer. El precio lo estipulan principalmente los padres de la niña según su edad y habilidades, y varía entre los 70 mil y los 180 mil pesos.

Es una práctica común entre los habitantes de esta región, ya que existe un interés común por las dos familias: tanto de quien vende como quien compra. Si una mujer escapa después la operación, se establece incluso que no existe reembolso y le llaman “mala inversión”.

Dicha práctica, de la cual ya se tenía conocimiento, resonó a principios de abril después de que el colectivo de derechos humanos con perspectiva de género en Hidalgo AMICUS y el Observatorio Ciudadano de Violencia contra las Mujeres de Guerrero generaron publicaciones en redes sociales y alzaron la voz por aquellas niñas víctimas de violencia en todas sus derivaciones en el estado de Guerrero. En sus mensajes compartieron testimonios de las menores de edad, quienes, con el rostro cubierto y tristeza en sus palabras, expresaron la situación que tuvieron que pasar con su agresor o familiar y cómo estos hombres están libres, sin condena. El Ministerio Público, por su parte, no ha protegido ni cree en el testimonio de las ciudadanas víctimas de violencia.

La venta e intercambio de mujeres y niñas desde los seis hasta 25 años es una práctica que se ha permitido durante varios años (…) El precio lo estipulan principalmente los padres de la niña según su edad y habilidades, y varía entre los 70 mil y los 180 mil pesos”

El colectivo hizo un llamado al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, y le pide su apoyo para que estas niñas sean resguardadas, que se les proteja y hagan valer sus derechos, así como que los agresores de las víctimas sean sentenciados y se obtenga justicia.

Esto es lo que exigen el colectivo y ciudadanas de la Región Montaña de Guerrero:

  • Habilitar más de un Ministerio Público en la zona, ya que únicamente existe un ministerio público especializado ubicado en Tlapa, único encargado de atender casos de abuso sexual y violencia de género en los 19 municipios que forman la Montaña.
  • Capacitación con perspectiva de género para las autoridades que deben brindar atención a las víctimas.
  • Garantizar los derechos de las niñas y adolescentes, para que puedan vivir una vida libre de violencia.

Es indignante que las adolescentes y niñas no puedan gozar de una vida libre y plena, que las autoridades de Guerrero no velen ni protegen a dichas víctimas y aún se permita la venta de niñas.

Karla Daniela Luna Mejía
Es estudiante de la Licenciatura en Periodismo y Comunicación Pública del ITESO.

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